Las investigaciones contra la reelección: ¿En el campo jurídico o en el campo político?

Siguiendo con el tema que introdujimos en nuestro última entrada queremos adéntranos en las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia que han dificultado el trámite del referendo reeleccionista. Muchos han llegado a cuestionar si estas decisiones se han hecho bajo la ley o con el fin de obtener intereses políticos. Críticos del gobierno como José Obdulio Gaviria han llegado a catalogar a la Corte Suprema de Justicia como un partido político de oposición. Esto es un ejemplo preciso de la confusión que existe al momento de definir si nos encontramos en un campo jurídico o un campo político.

Como bien se sabe todo empezó con el proceso de la Yidipolítica y aunque ya se habían iniciado investigaciones contra congresistas por la parapolítica, este proceso fue el que afecto directamente la legitimidad del poder ejecutivo. En este caso la representante a la Cámara Yidis Medina reveló al periodista Daniel Coronell como personalidades del gobierno le habían prometido darle beneficios a cambio de dar su voto a favor del referendo reeleccionista. Es importante anotar que el voto de Yidis fue decisivo ya que la comisión primera se encontraba dividida entre ambas propuestas. Estas declaraciones crearon un escándalo en el mundo político y en si en la sociedad colombiana. Frente a esto fue que entró a actuar la Corte Suprema de Justicia, que determinó encarcelar a la representante por Cohecho e investigar a altos funcionarios del gobierno. Así la Corte Suprema empezó a ser objeto de críticas por sus injerencias en política.

Luego empezó en Colombia un segundo proceso para realizar un segundo referendo de reelección, mas sin embargo con mucho mas problemas que en el proceso anterior. Primero que todo la pregunta con la cual se consultó a la gente hablaba de reelegir a aun presidente que hubiese cumplido dos periodos es decir no era una reelección consecutiva sino que necesitaba de un tiempo de espera, en la coyuntura actual significa que no seria para el 2010 sino para las elecciones del 2014. Luego sucedió otro problema y es que el proceso de recolección de firmas empezó a denunciarse que había tenido problemas de financiación. Primero se empezó a denunciar que los dueños de la pirámide DMG habían entrado a dar fondos, y cuando se pidieron explicaciones se mostraron que las donaciones privadas superaban los límites establecidos. Todo este proceso pasó a ser investigado por el Consejo Nacional Electoral, pero mientras tanto la Cámara de representantes empezó a dar trámite al proyecto de referendo y 86 congresistas dieron su aprobación a tal iniciativa. Todo esto fue aprovechado por el representante Navas Talero para dar inicio a una demanda frente a la Corte Suprema de Justicia por prevaricato ya que para este los congresistas no tuvieron en cuenta que el referendo estaba siendo investigado por su financiación. Este fue un duro golpe contra el proceso reeleccionista ya que los representantes temieron seguir adelantando tal proceso ya que estaban en manos de una Corte que ya había judicializado y encarcelado a varios congresistas, además que tal investigaron seria muy negativa para su futuro político.


Esta es la discusión que surge sobre las decisiones de la Corte, y por esto muchos colaboradores de gobierno han catalogado a la Corte Suprema de Justicia como un partido de oposición y dictamina que varias de las investigaciones tienen un carácter político. En realidad todo esto es muy discutible. La argumentación jurídica existe para darle marcha a la investigación de los 86 congresistas y muchos de los procesos que se han llevado a cabo en contra de políticos se han fundamentado en la ley. Lo que sucede es que los congresistas y el gobierno quieren pasar un debate de propio del campo jurídico al terreno del campo político donde sabe cuenta con una amplia legitimidad y aceptación, en contra de la Corte que no es elegida por elección popular. Sin embargo lo que debe hacer el gobierno es también defenderse en el campo jurídico porque con los ataques políticos que se realizan a la Corte se ataca a una institución representativa de la división de poderes, es decir del Estado de Derecho, y que encarna en muchas de sus determinaciones a la ley. Así los congresistas tendrán que defenderse en el campo legal y entender que si incurrieron en un delito no tienen mayor posibilidad que aceptarlo o argentar su inocencia en términos legales y no recurriendo a argumentos políticos.
Así esta confusión entre el campo jurídico y el campo político sigue vigente y se muestra como de tal confusión muchos buscan sacar ventaja y en momentos buscan no encarar la ley.