El día 17 de septiembre visité en compañía de 3 de mis compañeros el complejo jurídico de Paloquemao. Estando allí asistimos a más de una audiencia, no en su completitud por motivos de tiempo, sin embargo la visita fue todo un éxito. En una de estas audiencias se le imputaba a un par de sujetos el cargo de Hurto Armado y Agravado, por ser perpetuado con un arma blanca (un puñal) y agravado por la pluralidad de sujetos que cometieron el acto, que fueron 2. Lo curioso de esta sesión fue que era simplemente para notificar ante la jueza y ante la fiscalía que la abogada de defensa renunciaba por un desacuerdo en el monto a pagar por los honorarios de la misma. Al hacerse esta renuncia, los procesados quedaban sin defensa, por lo tanto y en virtud del artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, el cual habla del derecho a la defensa, la audiencia y el proceso se vieron suspendidos hasta tanto a los dos imputados no se les asignara un abogado de oficio para su defensa o ellos por su parte consiguieran un defensor de confianza. Todo esto en virtud de las garantías procesales para los imputados. Por otro lado, asistimos a la lectura de la sentencia de un hombre al cual se le imputaron los cargos de homicidio agravado y de fabricación y porte ilegal de armas y munición, en este caso, al procesado se le dio la obligación de la reparación de los daños materiales y psicológicos a las victimas según lo precisado en el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal en el cual se tratan los derechos de las víctimas, y el monto a pagar es de casi 125 millones de pesos, aparte de esto el imputado deberá pagar 134 meses de prisión por su delito. Así, en estos dos ejemplos, vemos que en la práctica las leyes se acatan y se cumplen, aunque debo hacer la advertencia de que no en todos los casos es así, y eso no es desconocido para nadie. La justicia colombiana tiende a cometer muchas arbitrariedades contra las personas que de una u otra forma no conocen como se administra la justicia y no conocen el funcionamiento del sistema, y más aun, estas arbitrariedades tienden a cometerse frente a las personas que en la sociedad se ha visto marginadas y/o discriminadas por prejuicios sociales, culturales, raciales y en algunas ocasiones religiosos, políticos y de orígenes nacionales o étnicos.
Jorge Andrés Yáñez Berrío
200910216
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